Por Rocío San Miguel
El documento "Dispositivo para la cohesión y articulación del Poder Popular, Milicia Bolivariana, Guardia del Pueblo en defensa del Plan República y de la voluntad del soberano", que ha sido dado a conocer esta semana por el diario El Universal, compromete legalmente a la Guardia Nacional Bolivariana, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y al Gobierno Bolivariano de Venezuela, responsables de su concepción, elaboración y puesta en marcha el pasado 7 de octubre, día de las elecciones presidenciales en nuestro país.
Se trata de un documento que por sí solo reúne elementos determinantes para dar inicio, por noticia crimines, a una investigación penal de acuerdo al artículo 68 de la Ley Contra la Corrupción que establece penas de 1 a 3 años de prisión para los funcionarios civiles o militares que abusando de sus funciones utilicen su cargo para favorecer electoralmente a un candidato.
El testimonio recogido por El Universal da cuenta de articulaciones y coordinaciones ilegales ejecutadas con oficiales de la Fuerza Armada Nacional que trabajaron para movilizar ciudadanos y realizar actividades de inteligencia contra opositores el día de las elecciones. Esto es un delito y ratifica la parcialidad y acción política de militares activos al servicio de Hugo Chávez Frías.
En la audio entrevista que recoge El Universal aparecen señalados con nombre y apellidos oficiales superiores, incluido el presidente del Seguro Social, el gobernador del estado Vargas General García Carneiro y el propio Consejo Nacional Electoral, asunto que parece no importarle a la señora Fiscal General Luisa Ortega, quien teniendo facultades para abrir una investigación de oficio en torno al dispositivo que puso en marcha la Guardia del Pueblo y la Milicia Bolivariana, con el conocimiento del Comando Estratégico Operacional, asunto develado por El Universal, se hace la vista gorda.
¿Quién pondrá la denuncia, entonces, por corrupción electoral ejecutada por estos mandos militares para que respondan penal, administrativa y civilmente ante la Ley? Pero hay más, este dispositivo concebido por el Ministerio de la Defensa habla de acciones para el control y seguimiento de dirigentes opositores y contrainteligencia social, articuladas por el Comando Nacional de la Guardia del Pueblo en perfecta cohesión con la Milicia Bolivariana y "Grupos fieles a la Revolución Bolivariana". Esto es delincuencial y claramente el reconocimiento de una política de apartheid ejercida desde el alto gobierno con la complicidad de mandos militares que tienen bajo su control armas de la República.
Si esto no se judicializa, de cara cara a las elecciones de diciembre próximo, sancionándose a los responsables, no solo será reeditado y perfeccionado el modus operandi, mucho me temo que además se oficializara la corrupción electoral en Venezuela, minando irreversible y peligrosamente el futuro inmediato del país.
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